El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se encuentra en alerta ante las denuncias y escraches en redes sociales relacionados con la venta de calefones solares de viviendas recién entregadas.
A pesar de no haber recibido denuncias formales, el organismo ha anunciado su determinación de investigar a fondo estas acusaciones y, si se confirma su veracidad, aplicar las sanciones correspondientes.
Las denuncias, ampliamente compartidas en Facebook por residentes de San Juan, hacen referencia a la venta de calefones solares provenientes de viviendas ubicadas en los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, ambos situados en Rivadavia. Estos barrios albergan un total de 837 casas que fueron entregadas a sus propietarios en noviembre de 2022, después de que sus viviendas anteriores resultaran dañadas por un terremoto en enero de 2021.
La controversia surgió cuando los nuevos propietarios comenzaron a ofrecer los calefones solares, que originalmente venían con las viviendas, en la sección de compra y venta de Facebook conocida como Marketplace. Aunque las descripciones de los productos no especificaban que pertenecían a estos barrios en particular, en las imágenes de los calefones se podían ver claramente los complejos habitacionales recién entregados.
En respuesta a esta situación, el IPV ha destacado que, según el artículo 50 de la Ley del IPV, existen causales para la revocación de las adjudicaciones, locaciones y comodatos. Entre las causas se incluyen:
- Destinar la vivienda o el terreno a un uso distinto al que se tuvo en cuenta al asignarse.
- Producir daños al inmueble por dolo o negligencia.
- Negar o dificultar las inspecciones ordenadas por el Instituto.
- Mantener una conducta contraria a la moral, a las buenas costumbres o violatoria de las leyes.
- Abandonar el inmueble sin aviso o incurrir en mora en el cumplimiento del pago de las cuotas.
- Arrendar, subarrendar o ceder total o parcialmente la vivienda sin autorización e intervención del Instituto.
El IPV ha enfatizado su compromiso de investigar estas denuncias y, si se verifica que los propietarios están infringiendo las normativas, tomará las medidas correspondientes, que podrían incluir la revocación de las adjudicaciones. Además, insta a la comunidad a presentar denuncias formales en caso de tener información adicional sobre esta situación, con el objetivo de preservar y proteger las viviendas destinadas a quienes más las necesitan.