Tras años de trabajo, consiguieron la tan ansiada carpeta del Programa Nacional de Relevamiento Territorial. Continúan trabajando con el resto de las comunidades.
En el 2006, Argentina aprobó la Ley de Relevamiento Territorial para Comunidades Indígenas (Ley 26.160). Esta normativa establece un proceso de relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en todo el país, con el objetivo de identificar y reconocer los territorios que les pertenecen.
El relevamiento es llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en conjunto con las comunidades indígenas y las autoridades provinciales y municipales correspondientes. Luego de trabajar durante años en la recolección de todas las pruebas y los requisitos que se solicitaban, dos comunidades de Caucete consiguieron el tan ansiado reconocimiento.
“Vivimos un hecho histórico que es la entrega de sus carpetas técnicas a dos comunidades aborígenes sanjuaninas. Las beneficiadas han sido la comunidad Huarpe de Las Chacras y la de Las Talas, ambas del departamento de Caucete. Esto tiene que ver con una ley nacional que declara la emergencia en materia de posesión de las tierras que ocupan las comunidades indígenas de todo el país y ordenó un relevamiento territorial técnico jurídico catastral”, explicó a Diario La Provincia SJ, Franco Gil, referente de la organización territorial huarpe Pinkanta, la cual nuclea a 14 comunidades originarias de la provincia.
Cómo se hace el relevamiento
El proceso de relevamiento tiene como objetivo garantizar el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad y el acceso a sus tierras, tal como lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina. Además, busca proteger los recursos naturales y culturales que se encuentran en esas tierras, y promover el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas.
“Se hace un estudio histórico antropológico para ver cómo ha sido la ocupación ancestral tradicional de las tierras, las actividades tradicionales que han realizado las comunidades a lo largo de la generaciones, y que realizan actualmente, para tener una narrativa de esa posesión, de ese uso de las tierras. Por otro lado, se hace la demarcación de puntos con un GPS.
Consiste en visitar cada uno de los sitios que la comunidad tiene en uso, desde un cementerio, un sitio sagrado, un lugar ceremonial, hasta lugares de pastoreo para los animales, para recolectar frutos como algarroba, chañar, todo lo que hace a los usos del día a día de la comunidad”, agregó Gil.
Por qué es importante la demarcación de tierras
La Ley 26.160 ha sido considerada un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en Argentina, aunque su aplicación aún enfrenta desafíos y críticas por parte de algunos sectores.
“Con todo el estudio histórico antropológico, se hace una narrativa y se busca un dictamen jurídico. En él se analiza la situación dominial de las tierras y se plantea una estrategia para, en algún momento, poder obtener la titularidad de la propiedad comunitaria indígena que está consagrada.
Ese es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y la ley lo que hace es un primer paso de determinar el uso actual para después luego titularizar”, detalló Franco.
La parte que causa controversia en algunos sectores tiene que ver con los títulos de propiedad en territorios que actualmente están ocupados por un privado.
“Más allá de que exista el dominio, si la titularidad de la tierra es de algún privado que no viva en el lugar, que no tenga tenencia de posesión de las tierras, en ese caso esta ley ordena que no sean desalojados ni sea turbada esa posesión de la comunidad.
Entonces la comunidad, en definitiva, puede seguir viviendo tranquilamente en su territorio”.
Este derecho no es menor, ya que ha sido foco de conflicto en varias ocasiones.
“Así, la comunidad tiene una herramienta para defenderse, para que nadie la ataque, la intente desalojar, le quiera cobrar pasturas o de repente aparezca alguien a decirle que es el dueño que tiene que sacar sus animales de ahí, o que el mismo
Estado venga y diga bueno, quiero hacer un proyecto acá y los tiene que desalojar. Ahora, mediante esta carpeta, se puede defender legalmente”.
Líderes de las comunidades trabajaron durante más de una década para conseguir este importante aval. “Fueron muchísimos años de hacer reuniones, de viajar a Buenos Aires.
La última vez que fuimos fue en el 2020 y cada familia puso peso sobre peso para los pasajes y fuimos 12 autoridades de comunidades indígenas para golpear puertas y finalmente poder destrabar esto.
Ahora seguiremos trabajando por el reconocimiento de las demás”, sentenció Gil.
