La reciente publicación del Decreto 340/2025 por parte del Gobierno Nacional generó un fuerte rechazo en diferentes sectores sindicales y sociales de San Juan. La norma amplía de forma considerable la cantidad de actividades consideradas “esenciales” o de “importancia trascendental”, lo que limita significativamente el derecho a huelga.
Entre los servicios esenciales ahora se incluyen telecomunicaciones, servicios aduaneros, educación y transporte marítimo, entre otros. Las nuevas disposiciones exigen mantener al menos un 75% de funcionamiento en los sectores esenciales y un 50% en los trascendentales, dificultando cualquier medida de fuerza efectiva.
El abogado laboralista Matías Cremonte calificó la medida como una “ilegal modificación” del régimen laboral. Desde San Juan, dirigentes gremiales advirtieron que esto representa un ataque directo a los derechos conquistados por los trabajadores y cuestionaron la constitucionalidad del decreto.
Organizaciones sindicales y sociales de San Juan ya comenzaron a movilizarse para exigir su derogación. Aseguran que se trata de un intento del gobierno nacional de Javier Milei de debilitar al movimiento obrero y beneficiar a sectores empresariales, afectando gravemente la negociación colectiva.
