Un análisis sobre la falta de empatía patronal, las incoherencias normativas y la desprotección de los trabajadores de la seguridad privada en la provincia de San Juan.
A la redacción de este diario llegó la denuncia de vigiladores que custodian las sucursales de ChangoMás en San Juan. La empresa Brújula S.A. pretende suspenderlos y desvincularlos aduciendo que no poseen el secundario completo, dejando intempestivamente sin sustento a padres de familia con hijos menores en edad escolar.
Los trabajadores ingresaron a sus funciones en 2023, meses antes de que entrara en vigencia la Ley N.º 926-R de Seguridad Privada. La empresa los contrató conociendo su situación y durante todo este tiempo no gestionó convenios educativos ni facilidades para el Plan FinEs. Intentar desprenderse de ellos ahora constituye un acto discriminatorio (violatorio de la Ley N.º 23.592) y atenta contra el derecho constitucional al trabajo y a la protección familiar (Arts. 14 y 14 bis de la C.N.).
A esto se suma la postura del Control de Agencias Privadas de la Policía de San Juan y de la Asesoría Letrada, quienes informaron verbalmente que no los habilitarán. En lugar de actuar como un Estado promotor que fije plazos para la profesionalización, la rigidez burocrática termina desamparando a niños y familias trabajadoras.
Con asesoramiento legal, los vigiladores llevaron el reclamo a la Subsecretaría de Trabajo, donde la audiencia de conciliación será el 19 de octubre. Los trabajadores exigen mantener sus puestos laborales mientras completan el secundario, demostrando que la profesionalización del sector debe ser con inclusión y no con descarte social.
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