Análisis del ex investigador federal, abogado y periodista Hernán Kovacevich
El reciente Informe Mundial sobre Drogas de la ONU volvió a colocar a América Latina bajo la lupa. En el ranking regional, Uruguay figura como el país con mayor consumo de cannabis, éxtasis y opioides, además de encabezar el consumo de cocaína per cápita. Argentina, por su parte, aparece en el tercer puesto en esta última categoría. Más allá de la comparación estadística, el dato obliga a una reflexión interna: qué implicancias tiene este escenario para el país y, en particular, para Rosario, una ciudad atravesada en los últimos años por el impacto del narcotráfico.
En territorio argentino, el consumo de sustancias no puede analizarse solo desde la salud pública. Se vincula directamente con la expansión del narcomenudeo, la consolidación de economías ilegales en sectores vulnerables y la existencia de estructuras criminales que combinan logística, comercialización y control violento del territorio. El encuadre normativo continúa siendo la Ley 23.737, que reprime el tráfico y la venta de estupefacientes. No obstante, el precedente de la Corte Suprema en el caso Arriola marcó un antes y un después al declarar inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal en el ámbito privado. Desde entonces, conviven dos miradas: una centrada en la persecución del narcotráfico y otra enfocada en el consumidor como sujeto de políticas sanitarias y no penales.
El crecimiento de la demanda, sin embargo, tiene un efecto concreto: fortalece el mercado ilícito. En ese entramado, Rosario ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica y su conexión portuaria sobre el Paraná, factores que la convierten en punto clave dentro de las rutas de tráfico. Pero la problemática no se limita a los grandes cargamentos internacionales. El impacto más visible se encuentra en los barrios: venta minorista, reclutamiento de jóvenes, disputas por territorio y hechos de violencia que dejaron una marca profunda en el tejido social.
Para Hernán Kovacevich, el análisis debe ir más allá del número frío. “Cuando aumenta el consumo per cápita, se incrementa también la rentabilidad del negocio ilegal. Y donde crece la rentabilidad, se consolidan estructuras criminales que necesitan control territorial y generan violencia”, explica. Según el ex investigador federal, la clave está en comprender que la demanda interna es el motor económico de estas organizaciones. “Rosario muestra con crudeza cómo la competencia por el microtráfico puede derivar en escaladas de violencia si la respuesta estatal es fragmentaria o tardía”, sostiene.
Desde el plano sociológico, el fenómeno refleja algo más profundo: fractura social, pérdida de expectativas, naturalización cultural del consumo y aparición de economías informales que prometen ingresos rápidos en contextos de exclusión. “La respuesta puramente punitiva no alcanza. Sin una articulación real entre política criminal, políticas sociales y estrategias preventivas, el mercado ilegal se reconfigura y continúa operando”, advierte Kovacevich.
El informe de la ONU no establece sentencias, pero sí expone tendencias preocupantes. Argentina enfrenta el desafío de contener el avance del consumo y, al mismo tiempo, debilitar las organizaciones que se nutren de esa demanda. En Rosario, donde el narcotráfico dejó consecuencias concretas en materia de violencia y fragmentación territorial, el debate ya no es abstracto. Es una urgencia institucional que exige coordinación, decisión política y una mirada integral que combine justicia, prevención y reconstrucción social.
