21 noviembre, 2024
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Sin obra pública ni ATN, los jefes comunales de la oposición buscan asilo político en la gestión provincial: créditos blandos, obras y giros inmediatos para atravesar la crisis.

Un inesperado aliado encontró Martín Llaryora en la construcción de su controversial “partido cordobés”, esa superestructura en la que imagina que podrá albergar en el ámbito provincial a peronistas, radicales, vecinalistas y macristas: la motosierra de Javier Milei.

Sin obra pública ni ATN, intendentes que ganaron con el extinto sello de Juntos por el Cambio empiezan a ver que la forma de sobrevivir a la crisis es alinearse al Gobierno provincial, que ofrece “contención” a través de créditos del Banco de Córdoba para la compra de vehículos y maquinaria, giros exprés para oxigenar las cuentas y, sobre todo, teléfonos abiertos en distintos despachos de El Panal, la sede del poder provincial.

En esa estrategia, Martín Llaryora alineó a diez intendentes radicales para su “partido cordobés”, en un juego de seducción a dos puntas: por un lado, la vicegobernadora Myrian Prunotto, que resiste la expulsión a la UCR que propicia Rodrigo de Loredo; y por el otro el exlegislador radical Orlando Arduh, funcionario del Ministerio de Gobierno. Ambos, sin cruzarse, recorren las localidades gobernadas por Juntos por el Cambio. A veces lo hacen por su cuenta; y en otras oportunidades como una avanzada de Llaryora.

“Lo que nos ofrece El Panal es agua para atravesar el desierto. El que nos ‘obliga’ a buscar a Llaryora es el ajuste de Milei. ¿Quién nos va a dar una obra o fondos? ¿Juez, De Loredo? Encima ya están compitiendo entre ellos”, resume uno de los intendentes radicales formados para la foto con el gobernador cordobés.

Entre los intendentes radicales afiliados al “partido cordobés” están, entre otros, Leopoldo Grumpstrup, intendente de Pilar, uno de los pocos reelectos en el radicalismo. También está Emiliano Paredes, de Tanti, cuyo jefe político, Luis Azar, reviste en las tropas de Prunotto.

También están Germán Corazza, de Huerta Grande, y Lucas Lerda, de Sebastián Elcano; Francisco Iser, de General Roca; José Mecchia, de Sacanta; Luis Ludueña, La Rinconada; Rodolfo Ganz, Puesto de Castro; Diego Rojas, Santa Elena y Walter Ferreyra, Las Rabonas. En todos estos casos se trata de intendentes y jefes comunales que ganaron sus elecciones como candidatos de Juntos por el Cambio.

En las últimas semanas, Llaryora enfocó su agenda en las recorridas en municipalidades gobernadas por “opositores”. A todas llega con un anuncio bajo el brazo. Por ejemplo, en Bell Ville, gobernada por el radical Juan Manuel Moroni, anticipó que inaugurará una sede de la Universidad Provincial. El jefe del radicalismo en esa ciudad es el legislador provincial Carlos Briner. Parte de la estrategia es, con la anuencia de los intendentes, quebrar a la oposición en la Legislatura, donde la paridad se volvió un problema para la gestión provincial.

En este escenario, los jefes comunales radicales que desembarcan en el “partido cordobés” ponderan el “acuerdo de gestión” con el peronismo. “Si los radicales quieren gobernar, tienen que hacer un acuerdo provincial con el peronismo. Los intendentes saben que Juez y De Loredo competirán entre sí, por lo que no hay un futuro de oposición unificada”, analizan cerca de la vicegobernadora radical Prunotto.

Ella busca tallar en la interna de su partido, que será en septiembre: “Si alguno de los candidatos a presidente del radicalismo propone un acuerdo programático con el peronismo para superar la crisis que dejará el ajuste, Myrian lo apoyará”, aseguran en la vicegobernación.

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