Un escándalo sacude a la provincia de San Juan tras la denuncia de explotación laboral contra la empresa Special Seguridad. Según trascendió, más de 30 vigiladores han sido obligados a trabajar 240 horas mensuales sin que se les reconozcan las horas extras, percibiendo únicamente el salario básico.
Lo que agrava la situación es que el dueño de la firma es un conocido juez federal de Mendoza, quien adquirió la empresa hace algunos meses. Desde entonces, los trabajadores fueron forzados a reformular sus contratos bajo nuevas condiciones, sin opción a negarse. Muchos de ellos llevan más de 20 años en la empresa, pero ahora ven vulnerados sus derechos laborales.
La denuncia salió a la luz luego de que varios empleados manifestaran la difícil situación económica en la que quedaron tras estos cambios. El magistrado, amparado en su cargo, habría impuesto estas condiciones de precarización laboral, generando indignación entre los trabajadores y el sector de la seguridad privada en San Juan.
La controversia ya está en boca de todos y genera gran expectativa sobre las posibles acciones legales que puedan tomarse. Mientras tanto, los trabajadores exigen justicia y la restitución de sus derechos laborales en la provincia de San Juan.
Desde el sector sindical ya se han iniciado gestiones para reclamar por la situación, mientras que organismos de derechos laborales han solicitado una auditoría sobre las condiciones en las que se encuentran los empleados de Special Seguridad.
