El jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, responde a las críticas empresariales sobre el pago del bono, argumentando que las empresas cuentan con recursos y subsidios estatales para afrontar la obligación. Mientras el Gobierno busca equilibrar la economía tras la devaluación, persisten las tensiones entre el sector empresarial y las medidas gubernamentales
En un reciente desarrollo, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Carlos Castagneto, ha respondido a las críticas de las cámaras empresariales en relación con el pago obligatorio del bono a los trabajadores. Castagneto ha enfatizado que las empresas cuentan con recursos suficientes para costear la suma fija y que la ayuda estatal cubre una parte sustancial de este costo.
“Las empresas están en condiciones de pagar la suma fija. Hay una parte que subsidiamos, del 50% al 100%. El resto son las grandes empresas en las que encontramos evasión constantemente. La tienen para pagar, no se quejen”, afirmó Castagneto.
El funcionario también hizo un llamado a las empresas a contribuir al país cuando es necesario y recordó la cooperación del sector empresarial durante la pandemia en 2020, cuando el Estado brindó ayuda a millones de trabajadores a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
“Ahora hay elecciones, entonces algunos sectores o cámaras juegan para la oposición. Te das cuenta de que los sectores más fuertes son los que no quieren pagarlo. Quieren ganar cada vez más y distribuir menos, cuando toda ganancia que tienen es producto de la mano de obra de sus trabajadores. Cuando la empresa está mejor van a tener más rentabilidad”, desafió Castagneto.
La medida anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, establece el pago de una suma fija de $60,000 en dos cuotas para empleados del sector privado y público nacional. Aunque esta medida busca amortiguar el impacto de la devaluación en los salarios, Castagneto reconoció que “con esto no alcanza”.
Además, se espera que se intensifiquen los controles sobre las empresas que han adherido al programa “Precios Justos”, con el fin de garantizar su cumplimiento. Las empresas que no cumplan con los términos del programa perderán los beneficios acordados con la Secretaría de Comercio.
En un movimiento reciente, el Gobierno emitió un decreto que reduce la carga tributaria en el comercio exterior para las empresas que participan en el programa “Precios Justos”, como parte de los esfuerzos por equilibrar las cuentas y afrontar la devaluación, mientras se busca un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de la población.
Además, el Gobierno también ha anunciado medidas destinadas a los monotributistas, incluyendo la posibilidad de acceder a créditos subsidiados y exenciones impositivas para ciertas categorías.
En resumen, el Gobierno argentino está presionando a las empresas para que paguen la suma fija a los trabajadores, defendiendo que las empresas tienen los recursos para hacerlo y recordando su colaboración pasada en tiempos de crisis económica. Sin embargo, las tensiones entre el sector empresarial y las autoridades gubernamentales continúan mientras se buscan soluciones para equilibrar la economía del país.
