olker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei, las cuales, según él, amenazan con desproteger a los sectores más vulnerables, privar de derechos a mujeres y diversidades, e impedir el acceso a la justicia.
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó duramente las políticas del gobierno argentino liderado por Javier Milei y su partido La Libertad Avanza (LLA). Türk advirtió que las medidas adoptadas por la administración de Milei amenazan con desproteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, privar de derechos a mujeres y diversidades, y dificultar el acceso a la justicia.
El comisionado destacó varias áreas de preocupación en la plataforma de gobierno de Milei, incluyendo recortes del gasto público que afectan especialmente a los más marginados, el cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres, y la instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos internacionales relacionados con la Agenda 2030. Esta agenda, que incluye objetivos como el fin de la pobreza, la reducción de desigualdades, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, es vista con recelo por Milei y sus seguidores.
Además, Türk hizo un llamado a las autoridades argentinas para que coloquen los derechos humanos en el centro de sus políticas, enfatizando la importancia del respeto al derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. Esta declaración se produjo pocos días después de que una protesta contra la ley Bases en Argentina terminara con 33 personas detenidas y acusadas de terrorismo por el gobierno.
El alto comisionado también se refirió a las políticas del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, que ha implementado un protocolo para evitar cortes de calles. Este protocolo, que en la práctica impide las manifestaciones, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde su implementación, la protesta ha pasado de ser un derecho a convertirse en un delito. Bullrich ha defendido su postura mediante el registro de manifestantes habituales y la imposición de costos por los operativos de seguridad.
La ONU ya había expresado preocupaciones en enero pasado, cuando representantes de la oficina para América del Sur del ACNUDH visitaron Argentina y se reunieron con varios funcionarios del gobierno, incluyendo Bullrich. La reunión, según un comunicado de la ministra, fue tensa debido a críticas sobre el protocolo anti-manifestaciones.
Además de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó una audiencia para el 11 de julio para analizar la situación de la protesta social en Argentina, impulsada por una presentación del CELS. Amnistía Internacional también ha anunciado que hará presentaciones ante órganos internacionales para abordar las preocupaciones sobre los derechos humanos en el país.
Las políticas del gobierno de Javier Milei continúan siendo objeto de escrutinio y críticas por parte de organismos internacionales, resaltando la importancia de mantener la protección de los derechos humanos en el centro de la formulación de políticas públicas.
