En un movimiento audaz, el gobierno argentino liderado por Sandra Pettovello anuncia una profunda auditoría de más de 1,2 millones de planes sociales, junto con la descentralización del programa Potenciar Trabajo. Este cambio busca reducir la influencia de organizaciones en la gestión de beneficios sociales, marcando un giro significativo en la política social del país.
En un contexto de tensiones por el control del espacio público y la implementación del protocolo anti-piquetes, el Gobierno ha decidido llevar a cabo una profunda auditoría de los planes sociales y analiza la descentralización del programa Potenciar Trabajo. Desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, se confirmó la intención de prorrogar por 90 días el decreto que traspasaba los planes de Desarrollo Social a la Secretaría de Trabajo.
Durante este período de prórroga, Pablo de la Torre, asesor de Niñez y Familia de Capital Humano, llevará a cabo una auditoría en los más de 1,2 millones de planes mediante las bases de datos de la ANSES. La medida busca revisar la eficacia de los beneficios y garantizar una distribución más justa.
En paralelo, se estudian diversas alternativas para descentralizar la gestión del programa Potenciar Trabajo, que anteriormente estaba concentrado en el edificio de la avenida 9 de Julio bajo la influencia de organizaciones como el Movimiento Evita y La Cámpora. La idea es diversificar la dirección de estos beneficios, considerando opciones como el traspaso a áreas como Educación o Trabajo.
El Ministerio de Capital Humano, en línea con la filosofía de confrontación del ministro Javier Milei, ha eliminado secretarías vinculadas a organizaciones y busca cambiar la dinámica de los movimientos sociales en la administración de los planes. Además, se plantea la posibilidad de extender la gestión de los planes a gobernadores e intendentes en el interior del país.
Sin embargo, estas decisiones generan tensiones con las organizaciones sociales, que ya expresaron su disgusto, especialmente después de la implementación del protocolo anti-piquetes. El Gobierno también enfrenta reclamos por la falta de entrega de alimentos a comedores barriales, una de las principales demandas en medio de la crisis económica.
La implementación de estas medidas y la gestión de los planes sociales son aspectos cruciales en un momento en el que el Gobierno busca ajustar sus políticas y enfrenta críticas y desafíos por parte de diversos sectores de la sociedad.
