El Ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, ha solicitado a la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la suspensión de los beneficios sociales asignados a las personas que han sido imputadas en diversas causas relacionadas con la comisión de delitos de robos durante los recientes saqueos en Argentina.
Esta medida busca tomar acciones en respuesta a los incidentes de robo que ocurrieron en los últimos días en varias provincias del país.
Massa hizo pública su solicitud a través de una nota fechada el día de ayer y enviada mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica. En esta comunicación, el Ministro también informó a la Ministra de Desarrollo Social sobre la asignación de un presupuesto de 700 millones de pesos, con la posibilidad de ampliación si es necesario, para el Programa de Reparación destinado a los comercios afectados por los robos.
En la carta, Massa expresó: “Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”. Esta acción tiene como objetivo apoyar a los comerciantes que sufrieron pérdidas como resultado de los saqueos.
El Ministro enfatizó la importancia del esfuerzo económico del Gobierno en relación a estos sucesos y, en consecuencia, solicitó a la Ministra Tolosa Paz que proceda a la suspensión de los beneficios sociales asignados a las personas que enfrenten imputaciones en relación con los delitos de robos ocurridos recientemente.
Este anuncio se produce después de que Massa anunciara desde Washington la semana pasada que habría “reembolsos” para los comerciantes afectados por los robos en diferentes partes del país. Los comercios afectados podrán recibir hasta 7 millones de pesos en Aportes No Reembolsables (ARN), y la medida cubre tanto a pequeños comercios con acceso automático como a aquellos con más de 50 empleados, siempre y cuando cumplan con el acuerdo de Precios Justos.
La iniciativa del Gobierno de Argentina se centra en los eventos ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén. Con esta respuesta, el Gobierno busca brindar apoyo a los comerciantes afectados y tomar medidas enérgicas contra aquellos involucrados en actos delictivos relacionados con los saqueos.
