Una oficial con más de tres décadas de servicio en la Policía de San Juan presentó una denuncia en Casa de Gobierno, cuestionando la legitimidad de los recientes ascensos dentro de la fuerza. La mujer asegura haber sido injustamente excluida del nombramiento a comisaria general, a pesar de haber recibido el aval de la Junta de Clasificación.
En un escrito de 42 páginas, la denunciante solicita la anulación parcial de los ascensos y acusa que se priorizó el “dedo político” por sobre el mérito y la trayectoria profesional. El caso genera gran repercusión en San Juan, ya que sería la primera vez que un reclamo de este tipo llega directamente al despacho del Gobernador.
La oficial afirma haber colaborado en importantes investigaciones judiciales relacionadas con escándalos financieros internos dentro de la fuerza, lo cual, según su declaración, pudo haber influido en su exclusión. Estas declaraciones podrían derivar en una investigación más amplia sobre posibles irregularidades institucionales en la provincia de San Juan.
Desde el Gobierno de San Juan aún no se ha emitido una respuesta oficial al reclamo. Sin embargo, distintas voces dentro del ámbito judicial y policial aseguran que el caso podría sentar un precedente importante respecto a la transparencia en los procesos de ascenso.
El conflicto pone en debate la necesidad de fortalecer los criterios de objetividad y mérito dentro de las fuerzas de seguridad de San Juan, así como de garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus miembros.
